Plazos procesales, expedientes y control del despacho con la normativa implementada de verdad. Demos navegables con el cálculo ejecutándose.
En casi cualquier otro sector, un dato mal calculado se corrige y ya está. En un despacho, un vencimiento mal computado es una demanda de responsabilidad civil profesional. Y sin embargo, el control de plazos sigue viviendo en agendas, hojas de cálculo y en la cabeza de quien lleva el asunto.
Un sistema serio no apunta fechas: las calcula. La notificación efectiva al día hábil siguiente, el cómputo excluyendo inhábiles, agosto —que congela lo civil pero no la instrucción penal—, los plazos por meses de fecha a fecha y el día de gracia de las 15:00 son reglas escritas en la LEC y la LOPJ, y por tanto programables y verificables. En Término se ve ese motor funcionando, con cada regla citada junto a su efecto.
Los abogados son el único cliente capaz de detectar al instante un error normativo en el software que usan. Por eso nuestra regla al construir para este sector es no codificar ningún plazo ni ninguna excepción sin verificarla antes sobre el texto consolidado, y dejar la cita al lado del cálculo para que se pueda auditar.
Ese mismo criterio vale para lo que viene: el requisito de procedibilidad de los MASC, la prevención de blanqueo en los supuestos en que el abogado es sujeto obligado, o la facturación electrónica. Normativa que cambia, software que debe cambiar con ella — y un mantenimiento pensado para eso desde el diseño.
Los gestores de expedientes generalistas resuelven lo común: fichas, documentos, minutas. Donde se quedan cortos es en la operativa concreta de cada despacho — el triaje de notificaciones de LexNET, el cuadro de plazos que el socio quiere ver el lunes, la rentabilidad por asunto o el portal que evita llamadas de clientes.
Nuestro trabajo habitual no es sustituir ese programa, sino construir la capa que falta encima: leer sus datos, automatizar el cómputo y dar a cada rol la pantalla que necesita. Empezando por lo que más duele, que casi siempre son los plazos.
Preguntas frecuentes
Sí: implementa los artículos 130, 133, 135.5 y 151.2 de la LEC y la excepción de la instrucción penal de la LOPJ, verificados sobre el texto consolidado del BOE. Aun así es una demostración con datos ficticios: no es asesoramiento jurídico ni sustituye el cómputo verificado por un profesional del despacho.
La integración depende de lo que cada sistema expone. Lo habitual es partir de las notificaciones y datos que ya recibe el despacho (buzones, exportaciones o API del gestor cuando la hay) y automatizar a partir de ahí el triaje y el cálculo, sin duplicar el archivo del expediente.
Se asume desde el diseño: las reglas y el calendario judicial viven como datos y configuración revisables, no enterrados en el código, y el mantenimiento incluye su actualización. Un sistema de plazos sin plan de actualización normativa es un riesgo, no una herramienta.